Silvia Pisani
Corresponsal en EE.UU.
WASHINGTON.- El debate migratorio se recalentó ayer en Estados Unidos, cuando la administración de Barack Obama decidió, al fin, jugar una carta fuerte y, casi sobre el momento de su entrada en vigor, impugnó una iniciativa del gobierno republicano de Arizona para perseguir policialmente a los inmigrantes indocumentados.
'Los próximos días serán muy intensos', decían ayer colaboradores del presidente luego de la súbita decisión de demandar judicialmente al estado de Arizona por considerar que la legislación antiinmigrante que pretende aplicar a partir del próximo 29 'va contra la Constitución' de Estados Unidos.
'La Constitución de nuestro país impide que cada estado aplique la norma que desee [en materia de inmigración]', afirma la demanda firmada por la Secretaría de Justicia. 'Se trata de una cuestión federal' en la que no se puede actuar individualmente, añade el texto.
La demanda causó un fuerte impacto en Estados Unidos, sobre todo en Arizona, y la sociedad quedó dividida entre quienes defienden la acción del presidente y quienes la condenan.
'¡Bravo Obama! ¡Frene a estos racistas!', decían los primeros. 'La Casa Blanca nos deja desamparados ante el crimen', decían los segundos.
La fragmentación amenaza con avanzar en los próximos días. Lo cierto es que, con su intervención, Obama desafía una normativa que fue avalada por el 70 por ciento de la población de Arizona. El estado lindero con México es una de las principales puertas de entrada de indocumentados. Cuenta con una población de seis millones de personas, de las que medio millón son inmigrantes de origen hispano.
En los últimos años, la violencia y la inseguridad asociadas al tráfico de drogas crecieron mucho, y parte de la sociedad y de sus referentes afirman que la única forma de frenarlas es poniendo fin a la llegada de inmigrantes sin papeles. 'Lo que usted está haciendo es un grave error', desafió la gobernadora Janice Brewer en un mensaje de tácita respuesta a Obama. 'Nos está dejando solos y desamparados frente a la violencia', dijo la dirigente republicana.
La cuestión es tan delicada que los alineamientos no son automáticamente partidarios. Por caso, legisladores demócratas regionales y nacionales se sumaron ayer a la condena de la Casa Blanca. Entre estos últimos, la diputada nacional Ann Kirkpatrick, quien, como buena parte de sus correligionarios, enfrenta una difícil elección en noviembre.
'Una batalla en los tribunales entre el gobierno federal y Arizona no nos pondrá más cerca de garantizar la seguridad en la frontera o arreglar un sistema migratorio que no funciona', afirmó. Está previsto que la ley entre en vigor el 29, pero el Departamento de Justicia ha pedido al juez que suspenda su aplicación mientras se tramita la demanda.
Las críticas
Tal como lo vienen haciendo con casi todo lo que huela a Obama, los republicanos se sumaron abiertamente a la crítica. 'La administración de Obama no ha hecho todo lo que puede para proteger a los ciudadanos de la violencia y el crimen que la inmigración ilegal provoca en nuestro estado', dijeron, en una nota conjunta, los senadores nacionales por Arizona John McCain y Jon Kyl.
Hasta que no garantice la seguridad básica de la gente, 'el gobierno federal no debería demandar a Arizona con el argumento de que la aplicación de las leyes de inmigración es sólo una responsabilidad federal', añadieron.
La disputa -que corre el riesgo de empantanar la cuestión en el terreno judicial y de postergar una salida política- se produce en un momento crucial, cuando sólo faltan cuatro meses para las elecciones legislativas de medio término, en las que el voto hispano jugará un papel de peso.
Las asociaciones de inmigrantes aplaudieron la decisión de Obama. Pero más allá de las alegrías del momento, la triste certeza es que nada de fondo se arreglará si no hay una 'reforma integral' de la legislación en la materia. Y no hay señal alguna de que eso vaya a producirse este año.
'El único camino responsable' que le queda a Obama es 'redoblar sus esfuerzos para asegurarse de que hay una solución federal al quebrado sistema inmigratorio, una reforma migratoria integral', afirmó el director del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani.
Obama había prometido ocuparse del tema en su primer año de gobierno. Pero lo cierto es que no lo hizo y cerca de una veintena de estados vienen avanzando en legislaciones similares a las de Arizona.
LA NACION
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