15/02/2011. Cuando se cumplen 5 años de la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, damos voz a las madres víctimas de esta violencia, sus hijos e hijas y hacemos una radiografía de la atención institucional que reciben.
La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada en España hace cinco años supuso un referente internacional en la lucha por la erradicación de la violencia de género. Desde entonces, en prácticamente todas las Comunidades Autónomas se han aprobado leyes en este sentido y hay una mayor sensibilidad social y política respecto a las necesidades específicas de los niños y niñas víctimas de la violencia de género.
Sin embargo, queremos señalar que ni las políticas públicas ni las medidas puestas en marcha desde las diferentes administraciones y poderes públicos están ofreciendo una respuesta adecuada que garantice el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas expuestos a este tipo de violencia.
“Actualmente no se aborda la atención y protección a los niños y niñas víctimas de la violencia de género desde una perspectiva de derechos de la infancia. Los niños y niñas son considerados objetos de protección, pero no siempre se tiene en cuenta su interés superior, no se le considera como víctima”, explica Yolanda Román, responsable de Incidencia Política de Save the Children.
En España aún existen muy pocos recursos especializados en el trabajo con niños y niñas víctimas de violencia de género y son aún menos las instituciones que les atienden desde el momento en que la madre reconoce la existencia de malos tratos por parte de su pareja. “Yo pediría más, las mismas medidas que para la mujer: medidas cautelares, ayuda psicológica desde el primer momento, un buen asesoramiento jurídico en el momento en que pones una denuncia y que sean sensibles a las necesidades de los niños” (Madre, centro de acogida). Por lo tanto, los niños y las niñas se convierten en víctimas olvidadas, al no recibir el apoyo psicológico necesario desde el primer momento. “La atención que un niño debería recibir es terapéutica y dura entre uno y medio o dos años, con frecuencia semanal” (Psicóloga infantil, Servicio especializado en niños y niñas víctimas de violencia de género) Además, las intervenciones con niños y niñas víctimas de violencia de género deben tener en cuenta el contexto familiar y social.
El sector policial es el más valorado mientras que el judicial es el que más críticas genera.
Se ha detectado una preocupante falta de coordinación entre los distintos ámbitos de protección y atención a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género. “El trabajo con niños y niñas expuestos a violencia de género implica la coordinación de, al menos, servicios sociales, judiciales, policiales, sanitarios y educativos, pero esto no siempre sucede”, explica Román.
El informe destaca positivamente la especialización detectada entre muchos profesionales de los Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya formación específica ha permitido crear unidades para los casos de violencia de género en las comisarías. Un ejemplo de buena práctica es la disposición de sillitas para bebés y niños o niñas en coches de policía camuflados, o en la coordinación con un servicio de taxis preparados para transportar a menores.
Muchas de las madres entrevistadas coinciden en señalar que es en el ámbito judicial donde menos en cuenta se tiene a sus hijos e hijas. “El niño no existe para el sistema como víctima de violencia de género. Son niños que viven desde que nacen en un ambiente muy violento y en ningún momento nadie les tiende la mano. El sistema a mí como víctima me ha protegido muy bien. A mi hijo, en ningún momento. Es más, mi hijo está totalmente desatendido, olvidado, en una situación de riesgo extremo para él” (Madre, víctima de violencia de género).
El Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado deben orientar su actuación a partir de los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño. “Es fundamental que, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado garantizen el interés superior de los niños y niñas implicados en procesos judiciales por violencia de género; así como el cumplimiento de sus derechos”, añade Román.
Madres e hijos e hijas, de la mano
Aunque la mayoría de las madres entrevistadas reconoce que sus hijos e hijas también son víctimas, no siempre son conscientes desde el primer momento. Darse cuenta de las consecuencias que sufren los niños y niñas sirve como estímulo para las madres para salir de esa situación y denunciar. “Él era muy pequeño, me separé cuando tenía un año y en ese momento el niño experimentó un retroceso brutal: empezaba a tener miedo, le dolía la tripa, no jugaba, se quedaba tumbado en el sofá con el chupete, no quería que llegase el fin de semana, no comía, sólo comía yogures. No se relacionaba con nadie, en el colegio no dejaba que le tocasen, si había un ruido se ponía a llorar. Ahí me di cuenta que algo no funcionaba” (Madre, víctima de violencia de género)
Desigualdades entre Comunidades Autónomas
La mayoría de las Comunidades Autónomas han promovido y aprobado leyes desarrollando las medidas previstas en la Ley Integral. Esas leyes desarrollan respuestas muy desiguales en la protección y atención a los niños y niñas víctimas de esta violencia. Incluso dentro de las mismas Comunidades Autónomas existe una diferencia de tratamiento derivada de la falta de protocolos específicos de intervención, el desconocimiento de los mismos o la falta de recursos materiales y humanos para implementarlos. El estudio destaca a la Comunidad de Madrid y a Euskadi como ejemplos de buenas prácticas en cuanto a número de recursos, calidad de los mismos y formación de los profesiones.
Fuente: http://www.savethechildren.es
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