Esteban Urreiztieta | Eduardo Inda
Domingo, 11 de diciembre de 2011
El juez que investiga las supuestas ilegalidades contables del
Instituto Nóos, José Castro, considera que el duque de Palma,
Iñaki Urdangarin, y su socio, Diego Torres, eran los
responsables de todas las decisiones que se tomaban en este
organismo supuestamente sin ánimo de lucro, tanto las que
afectaban a los proyectos como las del área financiera.
El
magistrado que instruye la denominada 'operación Babel'
considera que ambos tenían la última palabra 'tanto respecto a
los proyectos a desarrollar, como al área financiera y contable
de la asociación'. El titular del Juzgado de Instrucción número
3 de Palma añade que el marido de la Infanta Cristina y su mano
derecha en la institución 'mantenían apartados del conocimiento
del área financiera al resto de personas que conformaban el
Comité de Dirección'.
El auto que obra en poder de las defensas
revela que uno de los antiguos miembros de la ejecutiva de la
entidad 'sin ánimo de lucro', el médico especializado en
cooperación internacional Ignasi de Juan Creix Breton, ha
destapado ante la Policía Judicial el funcionamiento interno de
esta entidad oficialmente dedicada a investigaciones vinculadas
al patrocinio y el mecenazgo.
El juez considera 'muy
significativo' este testimonio, que constituye en estos momentos
uno de los pilares en los que se apoyan los investigadores para
atribuir directamente al duque de Palma la responsabilidad de la
trama de evasión fiscal urdida en el seno de esta 'especie de
ONG'.
Tal y como ha revelado EL MUNDO, Urdangarin y Torres
tejieron una trama de facturas falsas para engañar a Hacienda.
Esta operativa la pusieron en práctica en España tras desviarse
a sus sociedades patrimoniales los fondos de Nóos. Con estos
fondos, en su mayoría públicos, en sus bolsillos, cruzaban
facturas entre sus sociedades para generar gastos falsos a ojos
de la Agencia Tributaria.
También extendieron esta operativa a
paraísos fiscales de Belice y el Reino Unido, tal y como
llegaron a dejar por escrito en la documentación que ha sido
intervenida por la Policía Judicial durante las últimas semanas
en las oficinas de Nóos y sus entidades satélites. >
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